NORMATIVA DRONES ECUADOR 2024.
En julio de 2024, el gobierno de Ecuador promulgó la Ley Orgánica para el Control del Espacio Aéreo Nacional, un marco legal integral destinado a la protección y regulación del espacio aéreo del país. Esta nueva normativa es un esfuerzo significativo para garantizar la soberanía y la seguridad del espacio aéreo ecuatoriano en respuesta a la creciente popularidad y uso de drones en diversas actividades.
Contexto y Necesidad de la Normativa
El uso de drones ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, con aplicaciones que van desde la fotografía y la filmación, hasta la entrega de paquetes y la vigilancia. Sin embargo, este auge también ha traído desafíos en términos de seguridad, privacidad y regulación. La nueva ley tiene como objetivo abordar estos desafíos mediante la implementación de normas claras y precisas.
Principales Aspectos de la Normativa
Control del Espacio Aéreo:
Monitoreo y Gestión del Tránsito Aéreo: La ley establece que todas las aeronaves, tripuladas y no tripuladas, deben estar bajo el control y supervisión de las autoridades competentes. Esto incluye la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Prevención de Amenazas a la Seguridad Nacional: Se implementarán sistemas de monitoreo avanzados para identificar y neutralizar posibles amenazas provenientes del uso no autorizado de drones.
Uso de Tecnologías Avanzadas:
Identificación y Control de Aeronaves No Tripuladas: Se utilizarán tecnologías como el geofencing y sistemas de identificación remota para controlar el acceso de drones a zonas restringidas y asegurar que los operadores cumplan con las regulaciones establecidas.
Implementación de Sistemas Antidrones: Para proteger áreas sensibles como aeropuertos y edificios gubernamentales, se instalarán sistemas antidrones capaces de detectar y neutralizar drones no autorizados.
Regulación Específica para Drones:
Zonas de Exclusión: Los drones no podrán volar a menos de nueve kilómetros de aeropuertos, instalaciones militares y otras áreas estratégicas. Estas zonas de exclusión están claramente definidas y cualquier infracción será sancionada.
Registro y Seguro Obligatorio: Todos los drones deberán estar registrados ante la DGAC y los operadores deberán contar con un seguro que cubra posibles daños a terceros. Esta medida busca garantizar la responsabilidad y la seguridad en el uso de drones.
Cooperación entre Autoridades Civiles y Militares:
Integración de Esfuerzos: La ley fomenta una estrecha colaboración entre las autoridades civiles y militares para la administración del espacio aéreo. Se crearán comités conjuntos que se encargarán de la planificación, supervisión y ejecución de las políticas de control aéreo.
Participación del Sector Privado: Se incentivará la participación del sector privado en el desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para mejorar la gestión del espacio aéreo.
Proceso de Aprobación
El proceso de aprobación de esta ley fue exhaustivo y riguroso. Inicialmente, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que fue revisado por varias comisiones de la Asamblea Nacional. Durante este proceso, se realizaron consultas con expertos en aviación, seguridad y tecnología, así como con representantes de la sociedad civil y operadores de drones.
Posteriormente, el proyecto de ley fue sometido a debate en el pleno de la Asamblea, donde se realizaron varias modificaciones. El Ejecutivo presentó una objeción parcial que incluyó cambios en artículos clave para fortalecer la regulación y asegurar su aplicabilidad. Finalmente, el pleno aceptó algunas de las objeciones y ratificó los artículos del proyecto, resultando en la promulgación de la ley.
Implicaciones para el Futuro
La implementación de esta normativa representa un avance significativo en la gestión del espacio aéreo en Ecuador. No solo establece un marco claro para el uso seguro y responsable de drones, sino que también refuerza la capacidad del país para enfrentar las amenazas aéreas. A medida que el uso de drones sigue creciendo, es probable que se realicen ajustes y actualizaciones en la normativa para adaptarse a nuevas tecnologías y desafíos emergentes.